YAJALON, México (AP) — Miles de residentes desplazados por la violencia que se intensificó esta semana en el estado de Chiapas, en el sur de México, seguían temerosos el martes de regresar a sus hogares.
Las autoridades han tenido que establecer campamentos para más de 4.000 personas desplazadas que huyeron de la ciudad de Tila durante el fin de semana y están trabajando para traerlas a casa, pero los desplazados se muestran cautelosos.
Uno de ellos, Julio César Gómez, huyó después de que bandas armadas dispararan contra la localidad y quemaran varias casas de sus familiares.
“Nos dicen que regresemos, pero ¿quién puede garantizar que estaremos a salvo, que no habrá problemas?” dijo Gómez, hablando desde una cancha deportiva convertida en campamento para desplazados en Yajalon el martes. “Nadie garantiza nada. No hay ninguna solución a la vista”.
Algunos residentes contaron haber pasado días atrapados en sus casas antes de que tropas del ejército y la policía estatal aparecieran para permitirles salir.
Ahora, Gómez como muchos otros, no sabe qué hacer.
Las bandas criminales quemaron las casas de su suegro, su hermano y su cuñado, por lo que teme que si regresa las pandillas seguirán allí.
“Creo que me mudaré a un nuevo estado y encontraré trabajo en carpintería y pintura”, dijo. Gómez es uno de los pocos que se atrevió a dar su nombre y denunció que las autoridades están minimizando el problema.
Otros desplazados dijeron que los problemas en Tila no son nada nuevo, pero que ahora se han vuelto más complicados.
Los observadores dijeron que bandas criminales e intereses políticos estaban detrás del enfrentamiento.
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa dijo que un grupo autodenominado “Autonomos” estaba detrás de la violencia y dijo que estaba vinculado al narcotráfico.
López Obrador describió el asalto como “un conflicto entre la misma gente” del pueblo de Tila, una aparente referencia a una larga disputa por tierras entre agricultores. Dijo que muchas familias se salvaron una vez que llegó el ejército.
También se había culpado a las pandillas de extorsionar a los residentes incluso para que recibieran servicios básicos como electricidad y agua.
La violencia en esta zona y otras partes de Chiapas ha ido creciendo durante el último año.
Las batallas entre cárteles de la droga rivales han afectado a varios municipios de Chiapas cerca de la frontera con Guatemala, porque el área es una ruta principal para el contrabando de drogas y migrantes. López Obrador ha tratado durante mucho tiempo de restar importancia a la violencia en Chiapas, acusando a quienes escriben sobre ella de “sensacionalismo”.
En 1994, los rebeldes del movimiento zapatista por los derechos de los indígenas protagonizaron un breve levantamiento armado en Chiapas y miles de personas fueron desplazadas como resultado de los combates entre los rebeldes y el ejército.
En 1997, la masacre de 45 aldeanos indígenas en Acteal, provocada por conflictos políticos y de tierras, también provocó la huida de miles de personas.
El estado también ha experimentado expulsiones de residentes de algunos municipios, más lentas pero que han durado años, debido a disputas territoriales o religiosas.
