AMPLIACION NUEVA REFORMA, Guatemala (AP) — Cuando un campesino mexicano de 72 años escuchó las balas del tiroteo más reciente entre cárteles cerca de su casa, supo que era hora de irse. Recogió a sus hijos y nietos y huyó a pie a través de la frontera hacia Guatemala.
Dejaron atrás sus animales, documentos, dinero y se fueron corriendo, entre las casi 600 personas que huyeron de varias comunidades de Amatenango la Frontera esta semana para escapar de los cárteles de la droga que han aterrorizado las zonas rurales fronterizas del sur de México.
“Salí de mi casa por los disparos y por miedo”, dijo el campesino, que pidió el anonimato por la seguridad de su familia. “Los cárteles matan hasta a los inocentes”.
Caminaron más de 2 millas (4 kilómetros) por las montañas y a través de una espesa maleza hasta que encontraron un sendero que los llevó a Ampliación Nueva Reforma, una aldea guatemalteca empobrecida en el municipio de Cuilco.
En esta única comunidad han llegado más de 200 refugiados mexicanos en los últimos días. Los habitantes locales se han apresurado a darles alojamiento en su modesta escuela y a recolectar donativos de alimentos y agua.
“Gracias a Dios nos dieron la mano, nos dieron un té para calmar el miedo”, dijo el hombre. “Tenemos miedo de regresar. No hay autoridad para combatirlos. Lo que pedimos al gobierno es que intervenga y nos ayude y envíe al ejército mexicano”.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dijo el miércoles que su gobierno coordinaría la respuesta humanitaria, aunque todavía no había muchas señales de ello. Sin embargo, eso fue más de lo que se dijo del lado mexicano, donde las autoridades no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la situación y el presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera lo mencionó durante su conferencia de prensa diaria del jueves de más de tres horas.
Una mujer de 42 años que se identificó sólo como Karla para proteger a su familia, dijo que huyó el domingo con sus cuatro hijos.
“Con los tiroteos no podías salir de tu casa a buscar comida, imagínate lo que podía darles de comer a mis hijos”, dijo. “No sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. No sabemos si podremos regresar”.
Noel Pérez, alcalde de Ampliación Nueva Reforma, se preparaba para lo que podría ser una estancia prolongada. Dijo que los refugiados necesitaban suministros básicos, productos de higiene y una carpa grande. “Hasta el momento, ni el alcalde (de Cuilco), ni el gobierno nos han dado ayuda y es urgente que atiendan a esta gente”.
Los líderes de la Iglesia Católica en el sur de México hicieron su propio llamado al gobierno mexicano para que proteja a las comunidades de los cárteles, que exigen pagos de protección y utilizan a los locales como escudos humanos.
Una carta fechada el miércoles y firmada por el obispo emérito Jaime Calderón de la diócesis de Tapachula, que incluye parroquias cercanas a la frontera con Guatemala, pidió ayuda al gobierno.
Dos de los cárteles más poderosos de México, de los estados norteños de Sinaloa y Jalisco, llevan más de un año luchando por el control de las rutas de contrabando en la zona, provocando múltiples desplazamientos.
El miércoles, Arévalo dijo que su administración estaba coordinando con los gobiernos locales cercanos a la frontera para atender a los mexicanos “que están escapando del conflicto entre grupos que se está dando en el lado mexicano”.
Un informe del gobierno guatemalteco obtenido por The Associated Press describió relatos de refugiados que tuvieron que abandonar sus hogares por la falta de alimentos y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Llegaron a comunidades del municipio de Cuilco. Entre las 580 personas había hombres, mujeres, niños y ancianos.
La carta de la diócesis dice que las comunidades que durante mucho tiempo estuvieron sumidas en la pobreza e ignoradas por el gobierno ahora también deben sufrir ser “rehenes en sus comunidades, pagando extorsiones al cártel correspondiente según el lugar donde viven, siendo obligados a tomar turnos en los retenes que impiden el libre tránsito”.
Los habitantes tienen que usar el poco dinero que tienen para comprar productos escasos a precios elevados porque los comerciantes también están siendo extorsionados. Y entre el 20 y el 22 de julio, la situación empeoró cuando los residentes fueron “intimidados, amenazados y obligados a ser escudos humanos en los enfrentamientos entre los cárteles de la droga”.
La carta no se refiere específicamente a quienes huyeron a Guatemala, pero dice que aunque el ejército y la Guardia Nacional de México están presentes, no hacen nada para intervenir para proteger a las comunidades.
“¿Qué tenemos que hacer o decir para que el gobierno cumpla con su deber, al menos, de proteger y velar por la seguridad de las comunidades?”, se pregunta la carta.
En junio, unas 5.000 personas fueron desplazadas por la violencia en otra zona de Chiapas después de que hombres armados incendiaran casas en la ciudad de Tila.
En septiembre del año pasado, el presidente de México admitió que los cárteles habían cortado el suministro eléctrico en algunas ciudades de Chiapas cerca de la frontera con Guatemala y prohibieron a los trabajadores del gobierno entrar en la zona mayoritariamente rural para arreglar las líneas eléctricas.
El jueves continuó el silencio del gobierno mexicano.
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La escritora de AP María Verza en Ciudad de México contribuyó a este informe.
