SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El gobierno de El Salvador arrestó a 3.319 sospechosos menores de edad y condenó a 579 a prisión durante la dura campaña contra las pandillas callejeras que ya lleva dos años y medio, según un informe de derechos humanos publicado el martes.
El informe de Human Rights Watch señala que los menores han sido recluidos en “condiciones inhumanas” y, a veces, en las mismas instalaciones que los adultos. Los informes señalan que las autoridades han hecho poco para garantizarles alimentación, atención médica y contacto familiar, o para protegerlos de palizas o agresiones sexuales en prisión.
De los 3.319 detenidos, un total de 841 menores permanecían bajo custodia hasta enero, según el informe.
De los condenados, el informe afirma que en muchos casos las autoridades obligaron a los menores a “hacer confesiones falsas de delitos mediante una combinación de acuerdos abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”.
Y los sospechosos menores de edad a menudo han sido condenados por delitos como “asociación ilícita”, que según el informe “tienen definiciones demasiado amplias y sentencias máximas severas que van de 10 a 20 años”, y agrega que “estas condenas a menudo se basaron en declaraciones no corroboradas y contradictorias de la policía”.
A principios de este mes, la organización de derechos humanos Cristosal dijo que al menos 261 personas habían muerto en las cárceles de El Salvador durante la ofensiva contra las pandillas callejeras.
En virtud de un estado de excepción declarado originalmente en 2022 y aún vigente, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha detenido a 81.110 presuntos pandilleros en redadas que, según los grupos de derechos humanos, suelen ser arbitrarias, basadas en la apariencia de la persona o en su lugar de residencia. El gobierno ha tenido que liberar a unas 7.000 personas por falta de pruebas.
El grupo dijo en un informe que, hasta el 15 de abril, 88 de las 261 muertes “podrían haber sido resultado de un acto criminal”, aunque no especificó cuáles pudieron haber sido esos actos.
La administración de Bukele ha hecho hincapié en publicar videos de reclusos vestidos solo con ropa interior y obligados a bajar las escaleras por los guardias.
Aunque se acusa al gobierno de cometer abusos masivos contra los derechos humanos durante la represión, Bukele sigue siendo muy popular en El Salvador porque las tasas de homicidios se redujeron drásticamente tras las detenciones. El país centroamericano pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a tener la tasa de homicidios más baja de la región.
Bukele aprovechó esa popularidad para lograr la reelección en febrero, a pesar de que la constitución del país prohíbe un segundo mandato para los presidentes.