LA HAYA, Holanda (AP) — El máximo tribunal de las Naciones Unidas emitirá el viernes una opinión consultiva no vinculante sobre la legalidad de la ocupación israelí durante 57 años de tierras solicitadas para un Estado palestino, un fallo que podría tener más efecto en la opinión internacional que en las políticas israelíes.
La audiencia del viernes se produce en el contexto del devastador ataque militar israelí contra Gaza, que duró diez meses y que fue desencadenado por los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel. En otro caso, la Corte Internacional de Justicia está considerando una demanda sudafricana de que la campaña israelí en Gaza equivale a genocidio, una acusación que Israel niega vehementemente.
Israel se apoderó de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman las tres áreas para un estado independiente.
Israel considera Cisjordania un territorio en disputa, cuyo futuro debe decidirse mediante negociaciones. Se anexionó Jerusalén oriental en una medida que no cuenta con el reconocimiento internacional, y se retiró de Gaza en 2005, pero mantuvo un bloqueo del territorio después de que Hamás tomara el poder en 2007. La comunidad internacional considera en general que las tres zonas son territorios ocupados.
En las audiencias de febrero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, acusó a Israel de apartheid e instó al tribunal supremo de las Naciones Unidas a declarar que la ocupación israelí de tierras reclamadas por los palestinos es ilegal y debe terminar de inmediato e incondicionalmente para que sobreviva cualquier esperanza de un futuro de dos Estados.
Israel, que normalmente considera a las Naciones Unidas y a los tribunales internacionales como injustos y parciales, no envió un equipo jurídico a las audiencias, pero presentó comentarios escritos, diciendo que las preguntas formuladas al tribunal son prejuiciosas y “no reconocen el derecho y el deber de Israel de proteger a sus ciudadanos”, no abordan las preocupaciones de seguridad israelíes ni reconocen los acuerdos entre Israel y Palestina para negociar cuestiones, incluido “el estatus permanente del territorio, los acuerdos de seguridad, los asentamientos y las fronteras”.
Los palestinos presentaron argumentos en febrero junto con otras 49 naciones y tres organizaciones internacionales.
Erwin van Veen, investigador principal del centro de estudios Clingendael en La Haya, dijo que si el tribunal dictamina que las políticas de Israel en Cisjordania y Jerusalén Oriental violan el derecho internacional, es poco probable que eso cambie las políticas israelíes, pero “aislaría aún más a Israel internacionalmente, al menos desde un punto de vista legal”.
Dijo que una decisión de ese tipo “empeoraría la situación de la ocupación y eliminaría cualquier tipo de fundamento jurídico, político y filosófico del proyecto de expansión israelí”.
También fortalecería la posición de “quienes intentan oponerse a ella”, como el movimiento de base liderado por palestinos que aboga por boicots, desinversiones y sanciones contra Israel.
Dijo que también podría aumentar el número de países que reconocen el Estado de Palestina, en particular en el mundo occidental, siguiendo el ejemplo reciente de España, Noruega e Irlanda”.
No es la primera vez que se solicita a la CIJ que dé su opinión jurídica sobre las políticas israelíes. Hace dos décadas, el tribunal dictaminó que la barrera de separación de Israel en Cisjordania era “contraria al derecho internacional”. Israel boicoteó esos procedimientos, alegando que tenían motivaciones políticas.
Israel sostiene que la barrera es una medida de seguridad. Los palestinos sostienen que la estructura supone una apropiación masiva de tierras porque frecuentemente se adentra en Cisjordania.
En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU votó por un amplio margen a favor de solicitar al tribunal internacional la opinión consultiva. Israel se opuso vehementemente a la solicitud promovida por los palestinos. Cincuenta países se abstuvieron de votar.
Israel ha construido más de 100 asentamientos, según el grupo de vigilancia antiasentamientos Peace Now. La población de colonos de Cisjordania ha crecido más de un 15% en los últimos cinco años hasta alcanzar más de 500.000 israelíes, según un grupo pro-asentamientos.
Israel también se ha anexionado Jerusalén oriental y considera que toda la ciudad es su capital. Otros 200.000 israelíes viven en asentamientos construidos en Jerusalén oriental que Israel considera barrios de su capital. Los residentes palestinos de la ciudad se enfrentan a una discriminación sistemática, lo que les dificulta construir nuevas viviendas o ampliar las existentes.
La comunidad internacional considera que todos los asentamientos son ilegales o un obstáculo para la paz porque están construidos en tierras reclamadas por los palestinos para su Estado.
El gobierno de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu está dominado por los colonos y sus partidarios políticos. Netanyahu ha otorgado a su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un ex líder de los colonos, una autoridad sin precedentes sobre la política de asentamientos. Smotrich ha utilizado esta posición para consolidar el control de Israel sobre Cisjordania impulsando planes para construir más viviendas en los asentamientos y legalizar los asentamientos avanzados.
Las autoridades aprobaron recientemente la apropiación de 12,7 kilómetros cuadrados (casi 5 millas cuadradas) de tierra en el valle del Jordán, una zona estratégica en el interior de Cisjordania, según una copia de la orden obtenida por The Associated Press. Los datos de Peace Now, el grupo de seguimiento, indican que se trata de la mayor apropiación individual aprobada desde los acuerdos de Oslo de 1993, al comienzo del proceso de paz.
