BERLÍN (AP) — La coalición gobernante de Alemania y la oposición conservadora presentaron el martes un plan para proteger al tribunal más importante del país contra posibles manipulaciones u obstrucciones futuras por parte de políticos extremistas o autoritarios.
El ministro de Justicia, Marco Buschmann, citó las experiencias de Polonia, Hungría e Israel como ejemplo de la necesidad de fortalecer el Tribunal Constitucional Federal. El panorama político alemán se ha ido fragmentando cada vez más en los últimos años, y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania se ha convertido en una fuerza política importante.
El plan presentado por la coalición tripartita del canciller Olaf Scholz y el bloque conservador Unión, la mayor fuerza de oposición, exige que las reglas básicas del tribunal estén ancladas en la Constitución, algo que en gran medida no estaba así cuando se redactó la Constitución alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial hace 75 años.
Eso significa que se necesitaría una mayoría parlamentaria de dos tercios para cambiarlas en el futuro, en lugar de una mayoría simple. Es raro que una coalición gobernante tenga tantos escaños en el parlamento y es inaudito que un solo partido sea tan fuerte.
Los partidarios del cambio señalaron en particular a su vecina Polonia como ejemplo aleccionador. El partido nacionalista conservador Ley y Justicia de ese país intentó hacerse con el control del Tribunal Constitucional después de que éste volviera al poder en 2015.
La reforma de los tribunales y órganos judiciales que llevó a cabo el gobierno polaco provocó un enfrentamiento que duró años con la Unión Europea, que sólo terminó en los últimos meses, cuando el partido Ley y Justicia perdió el poder.
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania, con sede lejos de Berlín, en la ciudad suroccidental de Karlsruhe, es convocado con frecuencia a actuar como árbitro último de las políticas.
El tribunal ha intervenido en repetidas ocasiones en las denuncias contra los planes de rescate durante la crisis de deuda de la eurozona. En los últimos años, las sentencias han llevado al gobierno a adelantar la fecha para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lo han obligado a reescribir apresuradamente y políticamente el presupuesto de este año. Entre los casos pendientes actualmente se encuentra un recurso de la oposición contra una reforma electoral destinada a reducir el tamaño del Parlamento, cada vez más abultado.
El tribunal está compuesto por dos paneles de ocho jueces cada uno, que tienen un mandato de 12 años y no pueden ser reelegidos. Esos requisitos deben estar consagrados en la Constitución, al igual que el límite de edad de 68 años para los magistrados y otras normas.
La mitad de los jueces son elegidos por la cámara baja del parlamento, o Bundestag, y la otra mitad por la cámara alta, que representa a los 16 gobiernos estatales de Alemania. Los candidatos son propuestos por los partidos políticos y necesitan una mayoría de dos tercios para ser elegidos, lo que pretende garantizar el equilibrio y descartar de manera efectiva a figuras altamente polarizadoras.
Buschmann explicó que la reforma propuesta también incluye una solución alternativa en caso de que “minorías obstructivas” bloqueen la elección de jueces. Esto permitiría al Bundestag elegir jueces si la cámara alta no lo ha hecho durante tres meses, o viceversa.
Los partidarios del cambio pretenden que el Parlamento apruebe la legislación durante la actual legislatura, que finalizará el año que viene. Para ello será necesaria una mayoría de dos tercios, que sólo podrá lograrse si la coalición y la oposición mayoritaria unen sus fuerzas.
Incluso con el cambio, el ministro de Justicia dijo que no existe un “orden constitucional perfecto” que descarte todo riesgo concebible.
“Además de lo que estamos haciendo aquí, hay otra cosa que sigue siendo al menos igual de importante, quizás mucho más importante: que los demócratas serios se aseguren de convencer a tanta gente como sea posible de que nunca debe haber una mayoría antidemocrática o una minoría cualificada antidemocrática en el Bundestag alemán”, dijo Buschmann.